El pleno aprueba una moción impulsada por el Gobierno Provincial para exigir al Gobierno Central a replantear o estudiar métodos más flexibles de transición y prestar ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, para que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa.
La Diputación Provincial rechaza la nueva tasa de residuos impuesta por el Gobierno y exige que no repercuta en su totalidad a los castellonenses.
El pleno ordinario correspondiente al mes de octubre celebrado este martes en la institución provincial, ha aprobado una moción impulsada por el Gobierno Provincial para exigir al Gobierno Central a replantear o estudiar métodos más flexibles de transición y prestar ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, para que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa.
La moción ha sido aprobada con los votos a favor del Gobierno Provincial y Vox, y los votos en contra del PSOE y Compromís.
En el año 2008 la Unión Europea aprobó la Directiva 2008/98 CE, modificada por la 2018/851 conocida como la “Directiva Marco de Residuos, que estableció unos objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales y que establece varias recomendaciones, entre ellas incentivos económicos para reducir la generación de residuos. Ahora, tal y como ha impuesto el Gobierno de España, la nueva tasa pasa de ser de potestativa a obligatoria. Esto quiere decir, que los ayuntamientos, como se ha venido haciendo hasta ahora, ya no van a poder optar a financiar una parte con recursos generales del presupuesto municipal.
Hasta ahora sólo existía el límite general que establece la ley de Haciendas Locales, según la cual, la tasa se cobra en su conjunto, no podía recaudar más de lo que al Ayuntamiento le cuesta prestar el servicio correspondiente, pero sí podía recaudar menos, como así lo ha venido haciendo en numerosos ayuntamientos. Es por este motivo que a través de la moción y como ha expresado el vicepresidente y portavoz del Gobierno Provincial, Héctor Folgado, “esta ley supone un ataque a la autonomía de la administración local, puesto que obliga a incrementar la tasa incluso en ayuntamientos económicamente saneados y con la capacidad financiera suficiente para hacer frente al déficit que genera este servicio”. Al respecto, la institución provincial, respetando la autonomía local de los Ayuntamientos, se opone a que tengan que repercutir el 100% del coste de la recogida de residuo en la ciudadanía e insta al Gobierno de España a tener en cuenta las peticiones y el posicionamiento de todas las administraciones locales que han mostrado su oposición.
Y es que, con la nueva ley, ahora cambia el paradigma, puesto que la tasa que se cobre no puede ser deficitaria, es decir que los vecinos deben pagar íntegramente todo lo que cuesta el servicio y además el impuesto por vertido, sin que los ayuntamientos puedan seguir congelando el impuesto y financiando una parte de todo. Así, como ha lamentado el vicepresidente provincial “habrá vecinos que pagarán más por la tasa de residuos que por la contribución”.
En otro orden de cosas, la sesión plenaria ha aprobado un convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Diputación Provincial de Castellón y la Universitat Jaume I, para la mejora del conocimiento hidrogeológico de las masas de agua subterránea en la provincia de Castelló. Como ha explicado Folgado, se va a llevar a cabo un estudio “para analizar cómo están nuestros acuíferos para dar una respuesta adecuada a los problemas de suministro de agua potable en la provincia”.
Asimismo, el pleno ha aprobado la primera prórroga de la gestión integral, mantenimiento, conservación y modernización de la red de carreteras, cuya titularidad ostenta la Diputación de Castellón. Dicha prórroga será efectiva durante el 2025 y tiene un presupuesto de 8 millones de euros.
